En una economía globalizada como la actual, uno de los retos más relevantes en materia de derechos humanos es qué tipo de regulación deben tener las empresas. ¿Cómo cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las compañías y los Estados, por el otro, para proteger los derechos humanos y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones? Y además, ¿qué hacer con el contraste entre el plano de los estándares globales y el plano de los reclamos concretos de activistas y movimientos sociales que litigan ante los tribunales o emprenden campañas para acceder a medicamentos esenciales, proteger tierras de comunidades indígenas o luchar contra el trabajo infantil?